Exclusivo: Preso político envenenado por agentes de la dictadura relata su duro trance: Me envenenaron igual que a Frei Montalva

29/01/2014 | Por Teresa Frías en Cambio 21
Guillermo Rodríguez ex militante del MIR cayó preso en los 80 en la Cárcel Pública con otros cuatro amigos miristas. Ahí los agentes de la dictadura, incluidos médicos, intentaron asesinarlo a él y sus cuatro compañeros. Su almuerzo fue contaminado con una toxina botulímica. Sufrió graves secuelas a raíz del envenenamiento. Hoy revela su grave trance el día que fue envenenado. Rodríguez fue utilizado como "conejillo de Indias" para matar del Presidente Eduardo Frei Montalva que murió en la misma época del envenenamiento, donde fallecieron dos reos que estaban en la misma celda de éste sobreviviente

Nuevos y escabrosos detalles de las operaciones de inteligencia para asesinar a los líderes de la oposición durante la dictadura, han quedado al descubierto gracias al avance que están experimentando las causas de derechos humanos en tribunales en estos días.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, a cargo de la causa por el crimen del presidente Eduardo Frei, muerto en enero de 1982, dictó auto de procesamiento en la investigación por el homicidio de dos reos de la ex Cárcel Pública, y por el homicidio frustrado de otros cinco internos, -todos integrantes del MIR- inoculados con la toxina botulímica, en 1981.

Como autores de los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado, procesó al médico Eduardo Arriagada Rehren y al médico veterinario Sergio Rosende Ollarzú, ambos de la DINE. Asimismo, en calidad de cómplices encausó a los militares en retiro del Ejército, Joaquín Larraín Gana, y a Jaime Fuenzalida Bravo, también integrantes de la policia represiva de la dictadura.

Las víctimas consumieron alimentos contaminados con la toxina. Habían envenenado la carne y las papas que consumirían. Murieron los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz que estaban "por causalidad" en la misma celda o "caleta" de los cinco miristas. Lograron sobrevivir -a duras penas- Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.

El sobreviviente

Guillermo Rodríguez, fue uno de los sobrevivientes y actualmente enfrenta graves problemas respiratorios y dificultades en las cuerdas vocales, por lo que le complica hablar. En entrevista exclusiva con Cambio21 reveló detalles de sus días en la Cárcel Pública, y los procesos a los que se enfrentó, además de relatar como hoy vive sus días tras esta verdadero crimen cometido en dictadura contra él y sus compañeros.

Comienza su relato asegurando que "lamentablemente los dos reos comunes fallecieron producto del envenenamiento al cual fueron sometidos. Para mí y mis compañeros fue un proceso duro. Después de tres o cuatro horas de haber comido nos dimos cuenta que nosotros también estábamos envenenados".

Recuerda que aproximadamente a inicios de noviembre llegaron a la galería dos hermanos detenidos por supuesta vinculación con el MIR. Ricardo y Elizardo Aguilera Morales, quienes se sumaron a la "carreta" que mantenía con Adalberto Muñoz.

El día 11 de noviembre de 1981, le correspondió cocinar. Durante la tarde, luego de terminar el turno de cocina fue a jugar fútbol a la cancha. En el entretiempo se sentó a un costado de la cancha a conversar con Patricio Reyes, otro detenido político dentro de la cárcel, cuando "comencé a poner caras raras y pedía, a cada momento, que le repitieran lo que le decían".

Siguieron conversando "y encendí un cigarrillo. Súbitamente comencé a darme cuenta que estaba viendo las cosas de manera distorsionada. Tenía la imagen muy borrosa..."

La noche siniestra

"En ese momento, le pedí a Patricio Reyes que me viera. Me tendí unos momentos y cuando me enderecé y traté de hablarle me di cuenta que mi lengua estaba rara, que no podía articular bien".

Continúa: "Patricio me acompañó de regreso a las celdas y encontramos a Adalberto vomitando y con agudos dolores. Reyes fue a ver a Elizardo y Ricardo encontrándolos en similar estado. ¡Habían envenenado la comida! ¡Se hacía urgente lograr atención médica!"

"Patricio Reyes regresó al interior del Penal dando la voz de alarma, mientras nosotros nos hacíamos lavados estomacales con lo que teníamos a mano: harto detergente y mucha agua. Los reos comunes envenenados comenzaron a golpear las puertas en señal de llamada a la guardia interna. No llegó nadie durante la tarde ni la noche, a pesar de que todos los días la guardia interna pasaba la cuenta de la tarde y nos encerraban celda por celda. Los presos comunes gritaban, encendían fogatas, golpeaban las latas de las puertas y nadie aparecía. Comenzó una noche siniestra", relata Rodríguez.

Y su relato se torna dramático: "A poco de que oscureciera comenzaron a atacarme dolores y puntadas estomacales que me dejaban sin aliento y tomé bidones de agua con detergente para provocar más vómitos y de cierta manera "lavar" los intestinos, operación que repetía con mis compañeros. Los dolores eran atroces. A pesar de todo, sentía que estaba un poco más entero que mis compañeros y podía caminar, pensar a ratos. Pero a medida que avanzaban las horas, los desmayos y pérdidas de conocimiento se sucedían".

Y añade: "El recuerdo de los hechos se hace borroso, las secuencias también. Siento que convulsiono, que mi estómago manda en mi cuerpo y en mi mente. Duermo uno o dos minutos y despierto sacudido por espasmos, por vómitos. El estómago se contrae con tal violencia que me deja sin respiración y caigo tendido, rendido tras cada convulsión pero no puedo mantenerme despierto. Se repite una y mil veces las dolorosas contracciones".

Rodríguez menciona que "después de 14 horas pudimos ser atendidos por alguien. Nos trasladaron a unos recintos que ninguno tenía el equipamiento adecuado para que nos atendieran. Fue este error el que me trajo graves secuelas. Hoy día tengo problemas para hablar, problemas respiratorios e incluso para comer. Fue un proceso que afectó para siempre nuestras vidas".

"Tenemos poco contacto entre los otros miristas que pasamos por ese tormento, porque cada uno está con sus trabajos y sus libros, pero seguimos encontrándonos cada vez que podemos", menciona Guillermo Rodríguez sobre su relación con sus amigos de tormento.

Con fuerza señala que "fueron criminales. Utilizaron violencia extrema con nosotros. Ellos querían impedir el avance de la resistencia democrática a la dictadura, y Eduardo Frei Montalva y Tucapel Jiménez fueron asesinados en ese tiempo y que también están en este proceso donde otros como nosotros fueron envenenados".

El ex preso político dice que los agentes de la dictadura, especialmente del Ejército, usaron a estos siete presos como "conejillos de Indias" para experimentar las toxinas y los venenos que utilizaron e iban a usar con seres humanos con otras personas.

Rodríguez dice que "se realizó una operación en la dictadura con el fin de exterminarnos a nosotros y a otros opositores. Esto demuestra el grado de violencia, maldad y crueldad con el que actuaron".

"Un avance en la muerte de mi padre"

Para la hija del Presidente Eduardo Frei Montalva, la ex senadora Carmen Frei, "este es un paso fundamental en el esclarecimiento de la muerte de muchas personas y entre las cuales está mi padre. Me alegro enormemente que se esté avanzando", dijo al comentar el autoprocesamiento ordenado por el ministro Madrid a los delincuentes de la DINE del Ejército.

"Se verificó que se utilizaron armas químicas para eliminar a mi padre, además se liga este caso porque el 7 de diciembre les dan a los reos estos venenos, y el 8 de diciembre mi padre presenta un shock séptico", declaró la ex senadora.

A ello, agregó a Cambio21 que "este era un proceso recurrente del Ejército durante la dictadura, y sobre todo de la DINE, un verdadero laboratorio de armas químicas", agregando que "nosotros hemos venido diciendo hace mucho que se utilizaron este tipo de armamento contra la gente".

La ex parlamentaria concluyó señalando que, "siento alivio, un reconocimiento muy grande, el que dio mi marido Eugenio Ortega, (recientemente fallecido) quien se leyó todos los expedientes, y gracias a él muchas personas son las que están sabiendo la verdad de las acciones criminales que se realizaron

Masacre de 19 trabajadores en Laja

De: Jose Venturelli <joseventurelli@gmail.com>
Asunto: Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja
Para:
Fecha: domingo, 15 de enero, 2012 18:18

A 38 de los crímenes los carabineros hablan y quedan libres

Confesiones inéditas vinculan a la CMPC con la masacre de 19 trabajadores en Laja

Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación Publicado: 13.01.2012

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2012 el el Hospital Depreca por un cáncer gástrico mestátasico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis

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José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura
CECT-SE

Anti homenajee

Tomado de redcharquican (red@charquican.cl)

Palabras de Gladys Diaz en el anti homenaje a Krassnoff y
contra la tortura en Villa Grimaldi

12 diciembre, 2011 3:02 am ACTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DD.HH., 11 de diciembre, Villa Grimaldi. Conmemoramos este año, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en momentos en que en nuestro país con aristas diversas a las vividas durante la dictadura, tales derechos se empiezan a conculcar. Tales derechos se conculcan cuando la represión uniformada violenta la libertad de reunión y de expresión, con formas de ataque desproporcionadas. Se violan cuando hay silencio oficial que tolera la exaltación de la figura de un despiadado asesino, torturador y genocida. Se violan nuestros derechos humanos con el tratamiento discriminatorio, cruelmente represivo, injusto y degradante hacia el pueblo mapuche, en el sur del país. Se violan nuestros derechos humanos cuando no se permite el regreso de los extraditados, como ocurrió en estos días, con el compañero Hugo Marchant. Se violan nuestros derechos humanos cuando se ataca, golpea, se asfixia con gases gravemente tóxicos, a las manifestaciones y protestas, y así se intenta disuadir de su lucha, al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, al movimiento ecologista, al movimiento por los Derechos Humanos, etc. Cuando los estamentos gubernamentales empiezan a justificar la represión política, los malos tratos, los vejámenes, calificando a los manifestantes como delincuentes o como subversivos, el semáforo de nuestra conciencia debe prenderse en rojo, porque estamos ante el peligro de que la opinión pública también se acostumbre a ese discurso y vuelva a narcotizarse en la pasividad. Porque la represión aplicada en forma permanente y desproporcionada nos señala el peligro de poner, poco a poco, en riesgo, el estado de Derecho. La no aceptación de esta asonada de malos tratos que se ha hecho frecuente este año, y su denuncia permanente, debieran ser parte coexistente de cualquier movimiento social, o político; reivindicativo o denunciante, porque de lo contrario, la lucha por el NUNCA MAS puede quedar suspendida, dentro de las etiquetas de la clase dominante. En un anochecer de 1976, en que el mundo entero conmemoraba un aniversario más, de la firma de la declaración de los derechos Humanos, yo llegaba a Hamburgo, Alemania. El día anterior la dictadura de Pinochet había firmado dos decretos de expulsión, uno para mí, y otro para mi hijo de 7 años. Y esa noche de fuegos artificiales que en Hamburgo celebraban el respeto a los Derechos Humanos , yo junto a mi hijo, me encontraba de golpe con el exilio, después de haber estado dos años detenida. Dos años de detención, que comenzaron con tres meses de permanencia aquí en la Villa Grimaldi. En este lugar, que es un símbolo de la trasgresión total al respeto por los Derechos Humanos, se torturó, se asesinó y se hizo desaparecer a miles de personas que ejercieron su derecho a recuperar la esperanza, a reconstruir la utopía, a resistir al tirano, a soñar y luchar por un mundo mejor. Con el fín de obtener información que pudiera destruir las organizaciones clandestinas o las formas embrionarias de organización social, con el fín de amedrentar a la sociedad toda y con el fín de disuadir cualquier forma de oposición aquí se intentó cosificar a las personas, minar su voluntad, destruir sus vínculos afectivos, sus creencias, su sentido de la solidaridad, su ética, sus lealtades. Aquí se intentó destruir el cuerpo físico, la psiquis y el campo emocional de los torturados. Cuando hace algunos días, hemos asistido al intento de homenajear a uno de los torturadores más simbólicos, a Krassnoff, a ese hombre, que nos retiraba la venda a los prisioneros, para que lo conociéramos, porque se jactaba de su rol patriótico de torturador, yo digo, hace unos días….no podía dejar de pensar en lo absurdo y contradictorio de ese intento de algunos viejos fascistas nostálgicos, de levantar a la altura del heroísmo ejemplar, el quehacer de este hombre. ¿Por qué me parecía incluso desde el punto de vista de ellos, tan grotesco y absurdo este pseudo homenaje?…Porque no hay nada, nada, nada, más cobarde, más rebajante en la dignidad de la persona, que torturar. Se desciende en la escala humana, más bajo aún que el primate más prehistórico. ¿Cómo puede alguien, por muy fanático que sea, por muy fascista, por muy nazi, pensar que puede ser héroe, alguien que tortura a personas vendadas, esposadas, encadenadas. ¡Qué valiente hay que ser para demostrar poder frente a quienes están en tal desigualdad de condiciones¡. Golpear, colgar, aplicar el palo de Arara, aplicar electricidad, sumergir en aguas fétidas, asfixiar, aplicar teléfonos en los oídos hasta romper los tímpanos, golpear con puños y pies al que ya tienes en el suelo, meter en las venas jeringas con drogas, despertar cada media hora al detenido durante la noche para romperle su sentido de realidad y acrecentarle el estrés, hacerle escuchar grabaciones de gritos de niños haciendo creer que al lado están torturando a tu hijo, o a tu hermanito, abusos sexuales, tender al prisionero en el suelo y luego pasar una camioneta sobre sus piernas, vejámenes, simulacros de fusilamiento, amenazas de muerte a los tuyos, etc, esos son los actos heroicos de Krassnoff. Que no venga Krassnoff, a decir en los tribunales que era un analista, solamente alguien que analizaba las declaraciones de los detenidos. Somos muchos, no cientos, somos miles los hombres y mujeres a los que personalmente torturó. A los que aplicó todas las torturas que hemos enumerado antes. Detentó el poder omnímodo junto a Contreras, incluso creyéndose dioses, para decidir quien vivía y quien moría. Un detenido politico, no reconocido como tal, por lo tanto en calidad de desaparecido, como fue el caso de quienes pasaron por esta Villa, es un ser absolutamente desprotegido, indefenso, en situación de desvalimiento total. El detenido es mantenido en estado de pánico constante, tanto por las agresiones físicas como psicologicas. Está privado sensorialmente por el vendaje a los ojos, por el aislamiento, por la interrupción del sueño, la alteración de sus estados de vigilia, el silencio total, o el ruido ensordecedor, por las continuas y constantes palabras soeces, los golpes no solamente durante las sesiones de torturas, sino en cualquier momento, cuando caminabas en forma vacilante para ir al baño, porque no veías, y el golpe arreciaba venido desde uno no sabía dónde. Pareciera que todo esto que narro, me pasó solamente a mí, o a mis camaradas, o a mis compañeros de lucha, o a los opositores a Pinochet. Pero no fue así. No es así. Este trauma histórico que ha vivido nuestra Patria articula lo individual con lo social, de manera indisoluble, indisociable. O sea, nos pasó a todos, les pasó a todos ustedes, les pasó a mis nietos que estaban lejos de nacer. La tortura no es aplicada pos psicópatas o por algunos que abusaron de su condición de gendarmes. La tortura, el asesinato, la desaparición para siempre, sin que aparezcan sus cuerpos, es una decisión política racional y estratégicamente usada para aniquilar a los opositores más activos, con la idea central de amedrentar a toda la sociedad, de impedir su resistencia, su cuestionamiento. Usar la crueldad sobre los más decididos para que el miedo paralice al conjunto. La devastadora experiencia de degradación y exterminio que se vivió bajo la dictadura militar si bien tuvo su efecto más brutal en el ámbito individual, pretendió sin embargo, tener un efecto paralizante en lo colectivo. Lo que conlleva en sí, un capítulo tan doloroso de nuestra historia como el señalado, no es solamente la recopilación de testimonios de quienes padecieron el horror, ni es solamente luchar para que la sociedad se indigne ante tanta brutalidad y exija castigo. Lo que además está en juego, y eso sí es perenne, es la concepción del mundo que hemos anidado, es la concepción de sociedad que defendemos , es la valoración que hacemos del ser humano que ha requerido millones de años sobre la tierra para llegar a este nivel evolutivo y que un depredador como Pinochet y sus secuaces, pueden permitirse destruir en forma masiva. Por eso es que hoy, la represión a los estudiantes, a nuestros pueblos originarios, a lo más activo de nuestra sociedad , no es un hecho que solamente les atañe a ellos, es un tema de derechos humanos que golpea la conciencia de todos, que convoca a nuestra vigilia, a nuestra capacidad de estar alertas. Porque si no defendemos hoy los derechos humanos de los que salen a protestar, a exigir, a exigir lo mismo que tenemos atragantados todos, y denunciamos su irrespeto, su atropello, no tendremos derecho mañana a quejarnos, cuando sea demasiado tarde. Si no salimos hoy a denunciar los malos tratos, los vejámenes, la represión matonesca contra las manifestaciones, no estaremos rindiendo el justo homenaje que merecen todos los que dieron sus vidas, por alcanzar una sociedad más justa, un mundo mejor. 10-12-2011.

COMUNICADO DE PRENSA

Los cinco oficiales de la Armada Nacional y de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, en retiro, procesados por el secuestro en noviembre de 1974 y ejecución del militante de la resistencia popular y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Rudy Cárcamo Ruiz, deberán comparecer el próximo 22 de febrero a la diligencia procesal de Reconocimiento en Rueda de Presos, decretada por la Corte de Apelaciones Concepción recientemente.

Estos malhechores constituían parte de la jefatura del grupo operativo instalado en dependencias de la Base Naval de Talcahuano, conocido como Ancla Dos, integrante del Centro de Inteligencia Regional (C.I.R.E.) dirigido por el Jefe del Departamento de Inteligencia del Ejército de la Tercera División Sergio Torres Gundian.

Para la diligencia será necesario trasladar hasta las oficinas del Ministro en Visita Extraordinaria Carlos Aldana, juez sustanciador del proceso, a un conjunto indeterminado de delincuentes comunes actualmente recluidos en la cárcel El Manzano, para mezclarlos con cada uno de los procesados a fin de que testigos del secuestro de Rudy Cárcamo puedan establecer la identidad de los secuestradores. Se hará una combinación de quienes actualmente purgan sus delitos en la cárcel local con los procesados por el secuestro y muerte en tortura de Rudy Cárcamo en la Base Naval de Talcahuano.

Los procesados por crímenes de lesa humanidad que deberán comparecer junto a sus colegas maleantes comunes son:

HUGO NELSON GONZALEZ D’ARCAGELI, Capitán de Navío (R) Jefe del Departamento de Inteligencia Naval y Jefe del campo de prisioneros de la Base Naval de Talcahuano, Ancla Dos, lugar de reclusión, tortura y muerte de los combatientes de la resistencia popular, domiciliado actualmente en calle Vicuña Mackenna Nº 626, Reñaca.

JOSÉ RAÚL CACERES GONZALEZ, Capitán de Navío (R), Oficial de Infantería de Marina, el mejor oficial de inteligencia (torturador) del Ancla dos, certificado por el Comandante del C.I.R.E. de probada crueldad en el Fuerte Borgoño de Talcahuano en la represión en agosto de 1973 a los marinos constitucionalistas que se oponían al golpe de estado; actualmente domiciliado en calle Los Abedules 1240 Bosque Montemar Con-Con y profesor de la Universidad de Chile.

VICTOR DONOSO BARRERA Capitán (O.M.) (R) de la Armada, secuaz de González D’Arcangeli, jefe de torturadores del grupo operativo Ancla Dos del C.I.R.E, domiciliado en 3 Norte N° 916 depto. 22 en Viña del Mar.

CONRADO ALFREDO CESNIC GUERRICABEITIA

Coronel (R) de Carabineros, miembro del SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros) integrante del grupo operativo Ancla Dos del C.I.R.E. domiciliado en Colón 4840, Las Condes, Santiago.

OSVALDO FRANCISCO HARNISH SALAZAR, prefecto inspector (R) de la Policía de Investigaciones, jefe de torturadores, miembro del grupo operativo Ancla Dos del C.I.R.E. domiciliado en calle La Serena Nº 60 Puerto Montt.

El C.I.R.E., Centro de Inteligencia Regional, fue constituido en enero de 1974 por decisión del Comandante en Jefe de la Tercera División del Ejército General de División Nilo Floody Buxton y del Comandante de la Segunda Zona Naval de Talcahuano. Sus oficinas principales estuvieron ubicadas en Concepción, en la esquina de Barros Arana con el pasaje Portales, tercer piso. El grupo operativo encargado del secuestrado, tortura y ejecución de los prisioneros fue instalado en la Base Naval de Talcahuano, en el conjunto de edificaciones constituido por el Gimnasio techado, el Estadio Francisco Acosta y la Guardería Infantil, conocido globalmente como Ancla Dos. A esta guarida de maleantes fueron destinados numerosos infantes de marina, marinos, militares, carabineros y detectives encargados de allanamientos, secuestros, tortura y muerte de prisioneros, quienes han desfilado durante los últimos años por el despacho del Juez del Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano y recientemente por el despacho del Ministro en Visita Carlos Aldana en Concepción. Esta asociación de malhechores funcionó en estrecha colaboración con la DINA, y luego con la CNI y Colonia Dignidad, hasta fines de 1.978, intercambiando prisioneros y personal.

El jueves 22 de febrero los procesados deberán someterse al “Reconocimiento en Rueda de Presos” mezclados con maleantes habituales que purgan delitos de mínima consideración comparados con estos sujetos que gozan de libertad bajo fianza en espera de su juzgamiento y condena por sus crímenes atroces, vergüenza de nuestra comunidad.

NADIE PERMANECERÁ OLVIDADO, LA REIVINDICACIÓN DE LA MEMORIA DE LA RESISTENCIA SERÁ EL CASTIGO DE LOS CRIMINALES DE LA DICTADURA.

por la Comisión de Trabajo de ex PP MIR Concepción.

                   HÉCTOR SANDOVAL TORRES

COMUNICADO DE PRENSA

EL LUNES 19 DE FEBRERO 2007 A LAS 10, 00 HORAS SERÁ CONDUCIDO A LA PRESENCIA DEL MINISTRO EN VISITA DON CARLOS ALDANA, JUAN PATRICIO ABARZÚA CÁCERES, EX MILITANTE DE PATRIA Y LIBERTAD, A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA EN EL PROCESO POR SECUESTRO, TORTURAS Y HOMICIDIO DE JAIME ARAYA PALOMINOS EN EL INTERIOR DEL ACTUAL REGIMIENTO REFORZADO DE INFANTERÍA N° 17 DE LOS ANGELES EL 23 DE SEPTIEMBRE 1973. LOS EX PRISIONEROS POLÍTICOS RECLUIDOS EN ESE REGIMIENTO QUE HAN DECLARADO EN LOS NUMEROSOS PROCESOS CRIMINALES POR SECUESTROS Y EJECUCIONES ILEGALES EN LOS ÁNGELES LO HAN RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MÁS FEROCES TOTURADORES UTILIZADOS EN ESA UNIDAD MILITAR. ABARZUA CACERES ACTUALMENTE SE ENCUENTRA RECLUIDO EN LA CÁRCEL DE LOS ANGELES POR TRAFICO DE DROGAS Y, ADEMAS, ESTÁ PROCESADO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION FORZADA DE JUAN DE DIOS SEPULVEDA GONZÁLEZ (CALULA) MILITANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA Y DE JUAN HEREDIA OLIVARES, PROFESOR DE ESA CIUDAD, EN SEPTIEMBRE DE 1973.

Comisión de Trabajo exppmir de Concepción

Concepción 17 de Febrero 2007.

Asesinatos en Regimiento Infanteria Reforzada Nº 3 - Los Angeles

En la provincia de Bio-Bio fueron detenidos, torturados y hechos desaparecer un alto número de obreros y campesinos. El Regimiento Infantería Reforzada Nº 3 Los Ángeles (actual Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Ángeles) está estrechamente relacionado con sus detenciones y subsecuente desapariciones. Este recinto fue el principal centro de detención y tortura de la provincia. Allíl eran llevados detenidos de toda la zona, aprehendidos tanto por militares como por carabineros. El transporte de los detenidos se realizaba colocándoles boca abajo sobre el piso de los camiones militares y, unos encima de otros. De esta forma los que se encontraban abajo llegaban a destino en muy malas condiciones, semi-asfixiados o simplemente muertos.

En este recinto fueron frecuentes las ejecuciones extrajudiciales y el uso de la tortura practicada por personal del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), carabineros y civiles. Ese recinto llegó a tener centenares de detenidos, muchos de los cuales, permanecen hasta hoy desparecidos.

Entre ellos están :

Wilfredo Quiroz	Víctor Jerez	Plutarco Coussy
Mario Olivares	Mario Omar Belmar Soto	Manuel Antonio Aguilera Aguilera
Abel José Carrasco Vargas	José Oscar Badillo García	Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo
Manuel Jesús Arias Zúñiga	Domingo Sepúlveda Castillo	Julio Alberto Rubio Llancao
Celsio Vivanco Carrasco	José Yañez Duran	Juan de Dios Rubio Llancao
Juan Laubra Brevis	Edmundo Vidal Aedo	José Guillermo Purran Treca
José Maria Tranamil Pereira

La mayor cantidad de presos políticos en el Regimiento Infantería Reforzada Nº 3 Los Ángeles (actual Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Ángeles) se registró en 1973. La Cruz Roja Internacional (CRI) informó que en noviembre de 1973 se encontraban 323 detenidos. Un importante número de detenidos provenían de sectores rurales y habían sido apresados en operativos conjuntos de militares y carabineros. Algunos habían pasado previamente por comisarías o por otros recintos, como el Liceo de Hombres de Los Ángeles, entre otros. Asimismo, había detenidos que se presentaron voluntariamente luego de ser llamados por los bandos militares y otros tantos fueron traídos desde la cárcel al regimiento. La mayoría de los testimonios entregados por los presos políticos describen una situación de extremo hacinamiento y falta de comida pues era habitual que los presos pasaran varios días sin alimentación. El lugar donde se practicaban los interrogatorios era la oficina de la ayudantía del regimiento, habilitada para aplicar diversas técnicas de tortura: se utilizaba todo tipo de líquidos inmundos que los obligaban a ingerir o introducían por las fosas nasales; toallas y sacos con arena mojados para evitar dejar marcas al propinar golpes, sillas especiales para inmovilizar durante las torturas, máquina generadora de electricidad, y vigas de madera de las cuales los prisioneros eran colgados y golpeados simultáneamente. Denuncian haber sido sometidos a torturas, tales como aplicación de electricidad, ingestión forzosa de inmundicias, amenazas, quemaduras con cigarrillos, golpes, simulacros de fusilamiento, obligados a escuchar como torturaban a otros prisioneros, violencia y agresión sexual. Siempre había una radio prendida para disimular los gritos. Los detenidos refieren que durante los interrogatorios permanecían con los ojos vendados,. Los testimonios coincidieron en señalar que hubo presencia de civiles en los interrogatorios y torturas.

Criminales y Cómplices:

Coronel Alfredo Rehren Pulido (Regimiento de Infantería de Montaña N0 17 “Los Ángeles”, y jefe de Zona en Estado de Emergencia en esa época).
Capitán Gustavo Marzall (jefe del Campo de Prisioneros);
Teniente Walter Krug Rivera, (jefe máximo del SIM).
Teniente Alberto Fernández Mitchel (Carabineros);
Capitán Pedro Rodríguez Cevallos (Carabineros);
Evaristo Gercas (Carabineros);
Juan Muñoz (Carabineros);
Gerson Saavedra (Carabineros);
Luis León (Carabineros);
Mario Cerda (Carabineros);
Juan Oviedo (Carabineros);
Pedro Parra Utreras (Carabineros);
José San Martín (Carabineros);
Otárola (Carabineros);
González (Carabineros);
Montoya (Carabineros);
Pedro Jarpa (Civil - Patria y Libertad);
Antonio Aretaga (Civil SIM);
Humberto Garrido (Civil;
Jefe de personal de la Papelera de Laja);
Capitán Gustavo Marzall Silva (Ejército);
Teniente Walter Rivera (SIM);
René Paredes (SIM);
Mario Pacheco (SIM);
Domingo Bascuñan (SIM).
Médico Burgos Gregorio (DINA).

Otros miembros del ejército y carabineros que participaron en estos crímenes no han sido identificados.

Torturadores: René Paredes, Mario Pacheco, Domingo Bascuñán.

HST 2007

Jane Vanini

COMUNICADO POR JANE VANINI

El próximo día Viernes 22 a las 12.00 horas en el 3° Juzgado del Crimen de Concepción sito en calle O' higgins esquina Ongolmo, presentaremos Querella Criminal por el secuestro ejecución y desaparición de JANE VANINI CAPOZZI militante del MIR que resistiera con las armas el allanamiento de su casa en el Sector de Laguna Redonda de Lorenzo Arenas la noche del 6 de Diciembre de 1974 y que tras largas horas de resistencia cayera herida y trasladada a la Base Naval de Talcahuano la madrugada del día 7 de Diciembre.

La Querella será presentada en contra de los miembros del SIRE (Servicio de Inteligencia Regional) Organización Criminal Clandestina de las F.F.FA.A. de la VIII Región dirigido por Funcionarios del Ejército de Concepción y del ANCLA II (Servicio de Inteligencia de la Marina de Talcahuano) Departamento de la Armada macabramente conocido por la cantidad de cobardes ejecuciones y torturas contra prisioneros de guerra cometidas por los criminales que allí prestaban Servicio Público, la querella será también contra quienes resulten responsables de tan cobarde función de esos militares, a los autores materiales y autores inductores, a los mandantes y ejecutores de esa política de exterminio de prisioneros ya reducidos.

Sabemos que Jane no solo se la llevaron herida, pero viva, sino que allí dentro de la Base Naval permaneció varios días bajo interrogatorios de los criminales que después la hicieron desaparecer enviándola en una caja de tablas en bruto a enterrar como NN en el Cementerio de Talcahuano, hoy sus restos permanecen aún sin identificar debidamente por la Justicia Chilena.

Nuestro compromiso con la verdad y la Memoria Histórica nos exigen a quienes somos sus compañeros de ideales y de Ruta, a no dejarla tirada en el olvido, menos cuando nos ha legado un ejemplo que trasciende al MIR y se inserta en lo mas Alto de lo que fue la dura y heroica lucha de nuestro pueblo convocados en el movimiento de Resistencia Popular contra la Dictadura y sus Tiranos, contra sus cómplices y criminales, por ello hacemos publico este acto de lucha contra la impunidad.

Comisión de Trabajo Ex Prisioneros Políticos del MIR

Concepción Chile.

Diciembre 2006.

Sigue racismo del Estado Chileno

Allanamientos en Ercilla

La comunidad mapuche de Temucuicui de la comuna de Ercilla, IX Región, viene en denunciar a la opinión publica Nacional e internacional lo que sigue.

1.- En el día de ayer 24 de julio de 2006, alrededor de la 10 AM, una vez más la comunidad de temucuicui fue allanada por Carabineros que ingresó a la comunidad con un excesivo contingente policial uniformado y civil, donde participaron aproximadamente 400 efectivos policiales fuertemente armados.

2.- Producto de este violento allanamiento, se produjeron graves destrozos en las viviendas de la comunidad y daños en cercos perimetrales, niños y mujeres que se encontraban en las casas fueron sacados y maltratados y posterior a eso llevado a un bus policial, donde fueron intensamente interrogados por el fiscal y policía de investigaciones.

3.- Ante este violento allanamiento la Comunidad rechaza categóricamente el accionar de Carabineros quienes sobrepasando todo tipo de legalidad, actuaron en forma muy violenta en contra de nuestra gente, utilizando bombas lacrimógenas y balines de gomas y plomos, los que provocaron graves heridas en el cuerpo de mujeres, niños y ancianos. Unas de las bombas fue lanzada a una vivienda provocando el desmayo de los niños que se encontraban dentro del hogar.

4.- Unas de la consecuencia de mayor gravedad fue la desaparición de 2 niños que producto del accionar de carabineros, tuvieron que escapar a los cerros para poder esconderse y no ser alcanzado por algunos disparos de carabineros. Las madres de los niños dieron aviso a la comunidad de este hecho, la cual organizó su búsqueda. Producto de los llantos, estos fueron encontrados alrededor de las 11 de la noche, en muy malas condiciones teniendo un avanzado grado de hipotermia y estado de shock además del hambre.

5.- A las mujeres que fueron interrogadas, les informaron que este allanamiento era producto a que ellos buscaban animales que posiblemente estarían en la comunidad. La comunidad desmiente tajantemente este tipo de denuncia y no es mas que la persecución que existen en contra de nuestra gente, donde existe un grupo de agricultores que se han organizado para amedrentar y perseguir a nuestra gente junto al Ministerio Público y Carabineros que se prestan para estas situaciones lamentables que solo produce terror y miedo a todos los integrante de la comunidad.

6.- Esto no es más que una gran mentira como la realizada por carabinero días atrás donde denunciaban una emboscada, la que fue desmentida tajantemente por un abogado defensor. Esto demuestra que hay un animo de perseguir y amedrentar a la comunidad de Temucuicui.

Comunidad de Temucuicui